El Gobierno estadounidense, así como los fiscales generales de 39 estados del país, modificaron este lunes la demanda presentada en mayo contra Live Nation, la dueña del portal de venta de entradas Ticketmaster, para solicitar una compensación para los consumidores por el supuesto monopolio ilegal de la compañía.
El Departamento de Justicia de EE.UU. señaló en un comunicado que además de los 29 estados que presentaron en mayo la demanda original, Indiana, Iowa, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Nuevo México, Dakota del Sur, Utah y Vermont se han sumado este lunes a la acción judicial.
La fiscal general de Nueva York, Letitita James, señaló que Live Nation y Ticketmaster «han abusado el mercado al cobrar de más a los consumidores y dañar salas de concierto y artistas» y que la demanda modificada quiere «recuperar los daños para los consumidores neoyorquinos que pagaron de más».
«Es el momento para una nueva era en la que las grandes corporaciones que controlan el mundo de la música en vivo no se aprovechen de aficionados, salas y artistas«, añadió James.
La demanda señala que Live Nation «explota su relación» con Oak View Group, en teoría una empresa competidora pero que en realidad se ha convertido en su socio gracias a la firma de acuerdos de exclusividad con Ticketmaster.
El Gobierno de EE.UU. también acusó a Live Nation de «amenazar con represalias financieras» que surtieron efecto contra una empresa para asegurarse el control del mercado de promoción de conciertos, así como de adquirir promotores regionales que consideraba como «amenazas» para socavar la competencia.
En la actualidad, Live Nation controla al menos el 80 % de la venta de entradas en las principales salas de conciertos; gestiona directamente a más de 400 artistas; controla más del 60 % de las promociones de conciertos en todo el país y posee o controla más del 60 % de los grandes anfiteatros de Estados Unidos, según el Departamento de Justicia.
El Gobierno estadounidense señaló que las consecuencias de las acciones de Live Nation son que los consumidores tienen que pagar más y los artistas tienen menos oportunidades para actuar. Además, los promotores más pequeños quedan excluidos.
